«El derecho de un saharaui, el derecho de cualquier pueblo oprimido

 es obtener lo que es suyo. La libertad no se regala, se quita».

Bader Badadi, Hijos de las nubes, 2012

 

 

En 1884, se puede decir que comienza la historia de lo que se conoce como Sahara Occidental. Ese año se llevó a cabo la Conferencia de Berlín, en la que las principales potencias europeas acordaron el reparto del continente africano. En este contexto es España quien “se queda” con el Sahara Occidental, cuyas riquezas fue descubriendo paulatinamente y de las cuales todavía hace uso.

En el siglo XX, concretamente en 1973, el pueblo saharaui se organiza y crea el Frente Polisario, que busca la emancipación del pueblo saharaui y se plantea como una alternativa popular en contra de la colonización de su territorio. Sin embargo, dos años más tarde, en 1975 el gobierno de Marruecos promueve la ocupación del “Sahara español” con la Marcha Verde, dando inicio a una época de brutalidad policial y graves actos de violencia que a día de hoy continúan y que han llevado a las comunidades a sobrevivir en territorios ocupados, o a refugiarse en campamentos en la parte del desierto que corresponde a Argelia.

La respuesta de España a la ocupación de Marruecos fue el anuncio del rey Juan Carlos de Borbón del “retiro” del territorio saharaui, firmando los acuerdos tripartitos de Madrid, dejando al pueblo a merced del gobierno de Marruecos y Mauritania, pese a la condición de ciudadanía española que se reconocía entonces y que se mantuvo durante un siglo aproximadamente.

Desde la ocupación marroquí, varias resoluciones de la ONU han apoyado la celebración y supervisión de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, pero, hasta ahora, todas han fracasado por la negativa del gobierno marroquí, el silencio de la Unión Europea y la complicidad de gobiernos como Francia y España.

En este contexto, la defensa de los derechos a la autodeterminación y la libertad ha sido la causa del pueblo saharaui, una causa justa que, a pesar de la fuerte represión y crueldad, es el sueño de los mayores que pasa de una generación a otra con la misma fuerza y urgencia.

Entre esta población saharaui, fragmentada geográficamente durante más de cuatro décadas, se encuentra la juventud saharaui, que, a pesar de sus diferentes vivencias y visiones, comparte el hecho de haber nacido a partir de los años ochenta, tras la retirada de la colonia española y la consiguiente invasión y ocupación del territorio saharaui por parte de Marruecos.

Una buena parte de esta juventud, por su edad, no ha conocido directamente la guerra que precedió a estos hechos, pero ha vivido sus consecuencias. Son hijos e hijas de activistas y combatientes para la liberación de su territorio, de víctimas de guerra y de personas desaparecidas, de madres y padres desplazados y refugiados. Ellas y ellos también comparten la responsabilidad de construir el futuro de su pueblo1.

 

Es precisamente por ello que las y los saharauis siguen siendo víctimas de graves violaciones a los DDHH ante la grave indiferencia de la comunidad internacional. Testimonio de ello son las historias de Khatri Dadda, Hussein Bachir, Abdelmula El Hafidi, Mohamed Dadda, Aziz El Ouahidi y Elbar El Kentaoui que se cuentan entre los más de 40 presos políticos que actualmente están recluidos en diferentes prisiones marroquíes bajo cargos injustos y en condiciones que constituyen, por sí mismas, graves vulneraciones contra la dignidad, a las que se suman los tratos crueles e inhumanos reservados para los presos políticos.

De acuerdo con los datos de la Asociación de familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), quienes se encuentran recluidos en las cárceles marroquíes no tienen acceso a derechos básicos como la alimentación -que llega en condiciones antihigiénicas e indignas-, la asistencia médica, la comunicación y el acercamiento con sus familiares, y que además son sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

Khatri Dadda, quien venía realizando reportajes fotográficos que mostraban la brutalidad de las fuerzas represivas de Marruecos, con apenas 23 años de edad, ha sido condenado a 20 años de prisión, en medio de un proceso en el que le fueron violadas las mínimas garantías para un juicio justo: los documentos firmados por el joven bajo la coacción de la policía judicial estaban escritos en una lengua que no sabía leer y sin la presencia de un abogado. Sin embargo, se presume que la condena se debió a la grabación de un video en el que se puede ver cómo paramilitares linchan a una persona en junio de 2019.

Su detención se llevó a cabo el 24 de diciembre de ese mismo año, cuando iba a hacer un trámite en la comisaría, y ya no le permitieron salir. En El Aaiún estuvo recluido 6 meses, de los cuales los primeros 21 días fue sometido a un régimen de aislamiento, para después ser trasladado a una celda con altísimos niveles de hacinamiento, y condiciones de salubridad degradantes que le causaron problemas en su salud. Con posterioridad fue trasladado a la cárcel de Ait Melloul en territorio marroquí en una clara contravención contra el IV Convenio de Ginebra, en el que se establece que los presos tienen derecho a cumplir condena en su propio territorio. En este sitio ha sido sometido nuevamente a régimen de aislamiento durante 3 semanas. Mientras que sus problemas de salud siguen sin ser tratados. La celda en la que se encuentra, de 4 x 2 metros, es compartida con otras catorce personas.

Condiciones similares, vivieron 6 jóvenes detenidos en 9 de mayo de 2013 por las fuerzas de seguridad marroquíes (El Hussein Bah, de 17 años; Yassine Sidati, de 22; Mohamed Garmit, de 22; Mohamed Ali Saidi, de 26; Abdelaziz Hramech, de 27, y Youssef Bouzid, de 31), después de que participaran en una manifestación en favor de la autodeterminación del Sahara Occidental. La detención se llevó a cabo sin que mediara un orden judicial y a sólo unos días de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), sin incluir un componente de observación de los derechos humanos. Tras tres días de detención, bajo custodia policial, durante los cuales fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los jóvenes fueron llevados ante un juez de instrucción ante quien les fueron imputados cargos por “violencia contra funcionarios públicos” y “participación en una concentración armada”, delitos por los cuales se imponen hasta 10 años de condena en prisión.

De acuerdo con las declaraciones de El Hussein Bah, quien pudo acceder a libertad bajo fianza, fueron obligados a firmar documentos que no pudieron leer, incluida una “confesión”. En su relato, “explicó que los agentes de policía le pusieron en la cara una esponja empapada de orina, le quitaron los pantalones y amenazaron con violarlo y lo golpearon e interrogaron estando colgado de las rodillas con las muñecas atadas a ellas, en una postura denominada el “pollo asado”. El Hussein Bah también comentó que oyó torturar y maltratar a los otros detenidos en otras celdas. El Hussein Bah fue encarcelado de nuevo el 15 de mayo. Amnistía Internacional teme que sea una represalia por haber hablado abiertamente sobre las presuntas torturas que sufrió.

 

  1. Informe Mundubat “La Juventud Saharaui y la Ocupación del Sáhara Occidental: https://www.saharaconderechos.org/wp-content/uploads/2019/06/INFORME-ESP-web.pdf